“Tucumán no puede estar a merced del narcotráfico. No podemos permitir que la Justicia se vea sometida a amenazas y que los procesos judiciales sean suspendidos por amenazas desde una cárcel. Esto atenta contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que tanto defendemos. Es necesario abordar este tipo de situaciones de manera decisiva y sin titubeos”, afirmó el legislador radical.
José Cano instó al Gobierno a tomar medidas inmediatas para abordar la situación: “es responsabilidad del Ejecutivo garantizar la seguridad tanto de los funcionarios judiciales como de los testigos y la sociedad en general. No podemos permitir que la impunidad se instale en nuestra provincia y que el narcotráfico le marque la cancha a las instituciones”.
“Desde mi rol legislativo estoy impulsando diversos proyectos con el objetivo de ayudar a la prevención de los delitos y evitar tantos homicidios y femicidios como los ocurridos el año pasado, con cifras que superaron ampliamente las estadísticas del año 2022. Por ello, presenté al Poder Ejecutivo un Plan Integral de Seguridad que entiendo lleva adelante muchas propuestas positivas para brindar esa seguridad que de parte de nuestros gobernantes sigue siendo un fracaso.”, agregó.
PROYECTO DE LEY PARA REGULAR COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EN EL ÁMBITO CARCELARIO
Cano presentó en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley que busca asegurar el cumplimiento irrestricto de las disposiciones contempladas en el artículo 160 de la Ley 24.660 y su modificación mediante la Ley 27.375. La Ley 24.660, en conjunto con su modificación por la Ley 27.375, establece los lineamientos para la ejecución de penas privativas de libertad, con el propósito de que los condenados adquieran la capacidad de respetar y comprender la ley, así como la gravedad de sus actos.
El artículo 160 de esta normativa prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles, así como la obligatoriedad de instalar inhibidores en los espacios penitenciarios. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno nacional permitió el uso de teléfonos móviles para mantener el contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares, ante la prohibición de visitas. Sin embargo, a pesar de que este protocolo fue implementado temporalmente, sigue vigente en la actualidad.
El legislador de la UCR agregó: “la iniciativa tiene como fin salvaguardar la seguridad pública, prevenir la comisión de delitos desde el interior de las cárceles y fortalecer el proceso de rehabilitación, garantizando que los detenidos no utilicen los teléfonos móviles como herramientas para la perpetración de actos ilícitos”.
“Hago un llamado a mis colegas legisladores y a la sociedad en general para respaldar esta propuesta que busca mejorar la eficiencia del sistema penitenciario, ayudar a la Justicia y proteger a la ciudadanía de posibles amenazas provenientes del ámbito carcelario”, ratificó José Cano.
UN HECHO QUE NO ES AISLADO
El exdiputado y senador nacional por Tucumán realizó un racconto de algunos hechos que sacudieron a la provincia en el último tiempo: “Hubo hechos gravísimos, como el caso del delegado comunal de Villa de Medinas en Chicligasta, que fue detenido por estar involucrado en un secuestro extorsivo. También, el caso de los funcionarios del Servicio Penitenciario del Penal de Villa Urquiza involucrados en la comercialización de drogas dentro del Penal o el doble homicidio con tinte mafioso ocurrido en el año 2021 en la Invernada, que aún no resuelto. Recuerdo el caso del guardiacárcel encontrado muerto en la ciudad de Famaillá el año pasado y los más recientes, como las amenazas de Figueroa a los fiscales y el referido a las intimidaciones al periodista tucumano Sergio González, quien se vio obligado a exponer en los medios el temor por su vida que siente tanto él como su familia.”
Al asumir como legislador, Cano presentó los proyectos de renovación de la emergencia en seguridad y la violencia de género, ambos proyectos hoy son ley. Además, hace pocos días presentó los proyectos para la creación de una auditoría de asuntos internos que funcione fuera de la órbita de la Policía de la provincia y que pueda investigar a los delincuentes disfrazados de “policías”, como así también la creación de una Defensoría del Policía, que cuide a los funcionarios públicos que honran su profesión.
