En una nueva derivación de la “causa Cuadernos”, la Justicia de Suiza ordenó el congelamiento de al menos US$5 millones que se encuentran depositados en dos cuentas bancarias tras considerar que hay evidencias suficientes para vincularlos a la corrupción del círculo íntimo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal Federal de la Confederación Helvética tomó esa decisión tras rechazar durante los últimos días una apelación que pretendía oponerse al pedido de la Justicia argentina, que remitió la primera requisitoria en 2018, centrada en el exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, y un exhorto complementario en 2020.
Los fondos inmovilizados se encuentran depositados desde hace años en dos cuentas: una en el banco Julius Baer, en Zurich, y otra en el Banque Pictet, de Ginebra, dos entidades que registran antecedentes controversiales vinculados al lavado de activos provenientes de la corrupción y la evasión tributaria.
La decisión del máximo tribunal federal de la Confederación respaldó así la posición que la Oficina del Procurador General ya había adoptado en 2020, cuando concluyó que la requisitoria argentina debía prosperar. Pero su posición quedó firme en estos días, cuando se difundió la resolución a través de medios suizos especializados en criminalidad económica.
Desde los bancos involucrados, en tanto, optaron por el silencio. Un vocero del Pictet se limitó a indicar que no podían hacer comentarios sobre sus relaciones existentes o inexistentes con sus clientes por razones legales, en tanto que desde el Julius Baer optaron por no responder.
Bolsos y paraísos fiscales
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La requisitoria llegó a Suiza desde los tribunales federales de Comodoro Py, donde el juez Claudio Bonadio y, tras su fallecimiento, quien subroga su Juzgado, Marcelo Martínez de Giorgi, avanzaron sobre más de US$70 millones que operaron Muñoz, sus familiares y testaferros.
Sustentada en las evidencias que comenzaron a salir a la luz con la investigación global “Panama Papers” y los cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, la Justicia logró reconstruir que Muñoz montó un entramado offshore en varios paraísos fiscales para ocultar, lavar e invertir fondos provenientes de la corrupción.
En ese sentido, el “caso Cuadernos” expuso que Muñoz recibió bolsos repletos de dólares y euros que circularon entre la residencia de los Kirchner en Recoleta, la quinta de Olivos y la provincia de Santa Cruz, operatoria que luego confesaron y confirmaron la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, el financista Ernesto Clarens y numerosos empresarios.
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Pochetti detalló, incluso, que decenas de millones de dólares habían terminado en las islas Turks and Caicos, en las islas Bahamas, en cuentas bancarias en Suiza y en propiedades en Estados Unidos. Pero también invertidos en empresas en Argentina, como Armoring Systems, donde se asoció con Gustavo Dorf.
Por su parte, Manzanares detalló cómo inflaron y desinflaron valores en la compraventa de activos y empresas, como San Up SA, que pasaron por las manos de otros involucrados, como Carlos Temístocles Cortez y Jorge Isaac Shemi, a través de la firma offshore Ruby Nature International Ltd., con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Por ejemplo, en una operación que fue por US$34 millones, pero que se informó como por apenas $8 millones.
Colaboración entre autoridades
Apoyado en esas revelaciones, el juez Martínez de Giorgi requirió en 2020 a la Confederación Helvética que congelara al menos dos cuentas bancarias y aportara toda la documentación disponible sobre ellas. Y dos años después, la Justicia suiza avanzó por esa senda y congeló fondos, según consignó el tribunal federal en su decisión.
La decisión judicial helvética causó cierta repercusión entre los medios de comunicación suizos, que vincularon los fondos congelados de manera directa a la familia Kirchner. En rigor, la investigación argentina se centra en las maniobras delictivas pergeñadas por Muñoz y sus cómplices.
Para ambos bancos suizos, en tanto, no se trata del primer tropiezo, ni siquiera en vinculación con la criminalidad económica argentina. El Julius Baer, por ejemplo, admitió en Estados Unidos que lavó al menos US$25 millones para el fallecido titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona y sus herederos. El Banque Pictet, por su parte, afrontó allanamientos por sus operaciones con la petrolera estatal brasileña Petrobras, con la familia del líder catalán Jordi Pujol, y de los mexicanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, entre otros.
