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Las demoras en el inicio de las obras de reparación de la presa lateral N°3 del dique El Cadillal generaron repercusiones en la Legislatura. Es que, según el pliego oficial del proyecto, los trabajos debían comenzar el 15 de febrero. Sin embargo, no se cumplió con este plazo por razones administrativas.
Ante este escenario, en la oposición comenzaron a trabajar en un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo (PE), a través de las áreas que correspondan, explique al cuerpo colegiado de manera formal las razones por las cuales se registran estas dilaciones.
El 7 de febrero, el Gobierno provincial resolvió seleccionar la oferta elevada por la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Mercovial SA y Sabavisa SA para resolver las filtraciones en la presa del complejo hidroeléctrico “Celestino Gelsi”.
De las tres propuestas analizadas durante el cotejo de precios, la firmada por la UTE fue la única que se estableció por debajo del monto del presupuesto oficial: $688,97 millones. Además, Mercovial-Sabavisa se comprometió a ejecutar los trabajos en los cuatro meses estipulados por el pliego.
El 13 de febrero, el Tribunal de Cuentas (TC) dictó el acuerdo 148, en el que no se formularon observaciones durante el control preventivo efectuado sobre el decreto 343/8 (MOySP).
Sin embargo, el ente de contralor advirtió que, antes de firmar el contrato de adjudicación del proyecto, correspondía que Mercovial SA y Sabavisa SA “constituyan formalmente la unión transitoria, conforme (al) compromiso presentado en su oferta”, en la etapa del cotejo de precios.
Según fuentes oficiales, este sería el punto central que aún resta resolver para que, finalmente, la UTE rubrique el convenio con la Dirección Provincial del Agua (DPA), organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas.
Hace 10 días, el titular de esta cartera, Fabián Soria, había dicho a LA GACETA que la obra comenzaría “a más tardar en los primeros días de marzo”. “Ya notificamos a la empresa para firmar el contrato y ellos ya están enviando la maquinaria”, había indicado el funcionario en esa ocasión.
“Se dieron todas las herramientas”
Las dos semanas de retraso en el inicio del proyecto no pasaron desapercibidas entre la oposición legislativa.
“Se dieron todas las herramientas para que se pudiera avanzar. Es importante conocer cuál es el problema por el cual no se comenzó con la obra, teniendo la preocupación de que no se está levantando el nivel de cota del dique para ir juntando el agua para el invierno”, explicó el legislador del PJS, Raúl Pellegrini.
Y advirtió que “toda esta situación es producto de no haber hecho las cosas en tiempo y forma”. “Estas obras tendrían que haber sido ejecutadas un año”, añadió el ingeniero.
Pellegrini confirmó que en su espacio están trabajando en un pedido de informes sobre este asunto. En especial, por las posibles consecuencias “para el riego y la industria”. “El tema del agua es prioritario”, enfatizó.
El legislador José Ricardo Ascárate (UCR-JxC) advirtió que es fundamental la presentación del acta constitutiva de la UTE para la adjudicación de la obra, ya que es un requisito legal para que se responda de forma solidaria en caso de que sea necesario ejecutar una garantía, por ejemplo, ante una eventual falla o incumplimiento.
En este marco, el ingeniero advirtió que las dilaciones en el inicio del proyecto “empeora todas las condiciones de la obra”, y remarcó que “entre marzo y abril tenemos las máximas alturas de agua del dique”.
Por otro lado, puso el foco en Victorio Américo Gualtieri, CEO de Sabavisa SA. “Es un conocido ‘pirata’ de las obras de Provincia de Buenos Aires y de Chaco”, arremetió. Y advirtió: “El Gobierno provincial sigue adelante con la adjudicación con una empresa que nos va a llevar al fracaso”.
